Ya no es una especulación paranoica sobre usos colaterales de los rastreadores de contacto. La policía estadounidense está utilizando esta herramienta para investigar las protestas que sacuden ese país. Las aplicaciones de rastreo de contactos permiten mediante el móvil, identificar a las personas con las que hemos estado.
Un sistema que alerta a las personas a nuestro alrededor sobre la condición de nuestra salud. Su propósito principal es seguir la evolución del coronavirus y ayudar a controlar los contagios. Pero esta forma policial de emplear la potente herramienta tecnológica genera justificadas preocupaciones.
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Más allá de las implicaciones en los manifestantes y sus justos reclamos, los expertos alertan sobre otro tipo de impacto. Está por ejemplo la desconfianza que puede generar en la población este sistema de seguimiento. Y no solamente afectaría a esta aplicación tecnológica sino que inauguraría una tradición de recelo. Mejoramientos de similares herramientas o la implantación de otras, serían considerados con muy malos ojos.
Rastreadores de contacto contra manifestantes
John Harrington, Comisionado de Seguridad Pública de Minnesota explicó que la policía estaba comenzando a rastrear a los manifestantes arrestados. La investigación apuntaba a la identificación precisa del radio de contactos de los manifestantes. Saber «con quién se asocian, qué plataformas utilizan, qué apoyos tienen y construir la red de información asociada». El Comisionado explicaba,»estamos comprobando si la gente a la que hemos arrestado está conectada a esas plataformas».
En su intención original los rastreadores de contacto involucran entrevistas con personas que se han visto infectadas por el coronavirus. De esta manera se determina con quién han estado en contacto y así analizar posibles contagiados. Pero lo que está haciendo la policía estadounidense tiene otro cariz. Interrogar a detenidos sobre organizaciones y posibles aliados está en contra de la presunción de inocencia de las personas.
Confianza socavada
Organizaciones como la Fundación de Fronteras Electrónicas (EFF) han expresado el riesgo de estas políticas de vigilancia. Estas interrogaciones «pueden socavar la opinión pública sobre el seguimiento de contactos» explican desde EFF. Hasta ahora, aquellos que creían más en la autoridad sanitaria eran más propensos a colaborar con el rastreo de contactos. Pero esta confianza disminuye si estos métodos se utilizan para conseguir información no relacionada con la salud.
Los mismos expertos recomiendan que los rastreadores de contacto recolecten la menor cantidad de datos para el propósito concreto. En el contexto del coronavirus no es necesario por ejemplo identificar contactos en el período de un mes. Esa data pasa a ser irrelevante luego de los 14 días de riesgo.
Una nueva legislación
Ante este panorama EFF sostiene que se hace necesaria la implementación de leyes que regulen este tipo de prácticas. Las leyes deben garantizar la minimización de esos datos, no sólo para los rastreadores de contacto. Su cobertura debe incluir sino todas las respuestas del coronavirus que reúnan información personal.
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Los funcionarios de salud pública deben eliminar la información personal tan pronto como ya no sea útil la localización. Así mismo, estos funcionarios no deben suministrar esta información a otras entidades como autoridades migratorias o policiales. Más revisiones en cuanto a tecnología, derechos civiles y legislaciones demandan estos tiempos convulsos.
