Desde inicios del pasado mes de marzo; la creciente tensión entre el gobierno nacional y el sector opositor del país; ha desembocado en varias eventualidades que hoy se traducen en un posible juicio para Juan Guaidó.
Desde distintas instancias gubernamentales se ha acusado al presidente de la Asamblea Nacional; y reconocido como Presidente Interino por más de 50 naciones; de ser partícipe de actividades que pretenden menoscabar la estabilidad del gobierno.
Hace aproximadamente dos semanas, desde la Contraloría General de la República; se dictó una resolución, donde se inhabilitó políticamente las funciones de; ejercicio de cargos públicos a Guaidó, durante 15 años.
La justificación ofrecida por Elvis Amoroso, el contralor de la república; se balancea alrededor de la procedencia de activos que presuntamente sirvieron para financiar proyectos terroristas.
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Un juicio para Juan Guaidó, no estaba tan a la vuelta de la esquina, sin embargo podía verse venir; incluso si se recuerda la propia opinión del dirigente; cuando refirió que su persecución pretendía ser judicializada.
Esto, para su momento, se detalló casi inocuo; puesto que los actos fueron dirigidos desde un órgano designado por una instancia inconstitucional; que es la asamblea nacional constituyente.
A falta de legitimidad y el parlamentario contando con inmunidad parlamentaria; se veía de lejos un juicio para Juan Guaidó.
Allanan inmunidad parlamentaria para justificar un juicio para Juan Guaidó
El pasado martes, la Asamblea Nacional Constituyente “aprobó”, quitarle la inmunidad parlamentaria a Guaidó.
Desde el Tribunal Supremo de Justicia, se solicitó por el presidente de este, Maikel Moreno; que se levantara la inmunidad parlamentaria al reconocido presidente interino.
Aprobada la solicitud; el juicio para Juan Guaidó busca tomar forma “constitucional”; justificándose en el artículo 200 de la Constitución; que, detallando los pasos para procesar a un diputado del parlamento; se debe tener autorización a su vez, de la Asamblea Nacional.
Como evidentemente, le resulta contraproducente al gobierno consultar al poder legislativo; pues este es mayormente polarizado por oposición, opta por; consultar ante el órgano ilegítimo que se supedita de manera inconstitucional sobre los demás poderes del estado; la asamblea nacional constituyente.
Teniendo la “autorización” respectiva; el Tribunal Supremo de Justicia se desentiende del caso, según se conoce en las declaraciones del vocero del alto tribunal; que agrega;
“Ya eso no es asunto de nosotros desde que perdió la inmunidad parlamentaria”
Desde la asamblea nacional constituyente; Diosdado Cabello, presidente de esta, discutió junto a los demás constituyentes; y efectivamente aprobó la solicitud; encaminando un posible juicio para Juan Guaidó.
A partir de este momento, las acciones judiciales quedarían en manos del Ministerio Público; desde donde procederán las “investigaciones” hacia Guaidó.
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Todo esto implica, según la lógica derivada de los objetivos que pretende lograr el gobierno; que la Fiscalía se vea empujada a imputar y oficializar un juicio para Juan Guaidó.
Presuntamente, las razones que se traman por debajo de las mesas; planean acusar de usurpación de cargo a Juan Guaidó; y además solicitar ante un tribunal ordinario, la privativa de libertad del parlamentario.
Fuente: CNN/Redacción
